Boletín 18 CONPA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

26 de enero de 2023

Asunto: Empresa tangara y exrepresentante legal de la cuenca del río Mayorquín se unifican para quitar 14.200 hectáreas de tierra a los consejos comunitarios de Mayorquín, Raposo y Anchicaya, sobre el Pacífico colombiano.

La empresa tangara lidera un consorcio, destinado a venta de carbono en el país. En el 2018, esta empresa de manera unilateral comenzó un negocio de venta de oxígeno, ofreciendo un segmento territorial de 14.200 hectáreas, comprendidas en las zonas bajas de los Consejo Comunitarios de Mayorquín, Raposo y Mayor de Anchicaya sin consultarle a los dueños del territorio. Esta empresa manifiesta tener una escritura que lo cataloga como dueña de la franja territorial antes descritas. Es de anotar que todos estos territorios cuentan con título colectivos desde la década de los 90 y 2000, y cuando se pusieron los avisos para que alguna persona natural o jurídica si se sentía dueña de alguna parcela se manifestara, nadie lo hizo. Solo aparecen ahora indicando que son dueño de una parte de estos territorios, por lucro económico (negocio de venta de carbono). Los tres consejos comunitarios antes mencionados han emprendido un litigio contra esta empresa que quiere quedarse con una buena porción de estos territorios. El señor Valdemir Cabezas quien fuera representante legal del consejo comunitario de la cuenca del río Mayorquín hasta el pasado 12 de noviembre de 2022, se alío con la empresa y comenzó a recibir dinero de esta, para hacer cosas en la comunidad, entre ellos el mejoramiento de un puesto de salud que estaba siendo construido por el gobierno distrital y otros dineros que se suministraba algunos miembros de la comunidad sin ningún criterio. La junta del Consejo comunitario de Mayorquín, convocó una asamblea extraordinaria en el territorio, la cual fue acompañada por los otros dos consejos comunitarios afectados, en esta Asamblea se tomó la decisión de que el directivo que siguiera recibiéndole plata y coordinando acciones con esta empresa, declarada no grata en el territorio, seria revocado el mandato de la junta de gobierno. Pese a esta advertencia y decisión de las comunidades en asamblea, el representante legal continuo en su matrimonio con esta empresa, por lo que la junta convocó otra asamblea la cual estuvo acompañada por el Consejo Mayor de Anchicaya, Raposo (territorios afectados) y el proceso de comunidades negras PCN. En esta asamblea se le notifico de la revocatoria del mandato a este directivo (representante legal de Mayorquín) y se eligió al señor Walter Grueso como nuevo representante legal, que ostentaba en la junta el puesto de coordinador general y al señor Norvey Valencia como Coordinador General, el cual tenía el puesto dentro de la junta cómo coordinador de deportes, los otros miembros de la junta continuaron en el mismo cargo. Un mes después en diciembre del 2022, el señor Valdemir (exrepresentante legal revocado) convocó una asamblea saltándose el procedimiento que indica el decreto 1745/95 y el reglamento interno, para las asambleas ordinarias, y se hizo elegir representante legal y montó una junta a su antojo a dedo, llevo el acta a la Alcaldía de Buenaventura. El día 24 de enero de 2023, se presentó en el Centro Administrativo Distrital con un personal que está contratado por la empresa tangara protestando porque la Alcaldía no le ha dado la resolución.

Solicitudes
-Se solicita a la empresa Tangara y su consorcio abstenerse de financiar actividades dentro de la cuenca de Mayorquín, fraccionando la población aprovechándose de la situación económica de la gente.
-Solicitamos a la alcaldía de Buenaventura abstenerse de dar reconocimiento a esta junta liderada por este señor, que por dineros económicos no le está importando aliarse con un tercero, para despojar a las comunidades negras de la cuenca del río Mayorquín de parte de su territorio -Se solicita al Ministerio del interior
tomar carta en este asunto, para evitar que un tercero por lucros económicos despoje a una comunidad de su territorio (jurídicamente hablando)
-Se solicita a la fiscalía general de la nación abrir investigación a esta empresa, ya que se le considera un peligro para los territorios étnicos en el país.